El Gobierno español ha aprobado la tercera reforma del sector financiero en este año que contempla la constitución de un gestor para los activos tóxicos del sector, el denominado banco malo, y desbloquea la ayuda de hasta 100.000 millones de euros garantizada por Europa para el sector financiero español. Precisamente, la figura del banco malo y sus características vienen impuestas por la Comisión Europea. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha reconocido que las autoridades comunitarias y el Ejecutivo se han puesto de acuerdo sobre el diseño de la entidad que se hará cargo de la gestión de los activos tóxicos del sector financiero español.
El banco malo, que será una sociedad anónima, estará controlado por el Banco de España y el estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Se encargará de gestionar los activos tóxicos que están lastrando el balance de las entidades, fundamentalmente vinculados al sector del ladrillo (suelo e inmuebles).
La sociedad gestionará, en principio las entidades nacionalizadas, aunque otras entidades financieras también podría acabar pidiendo en mayor o menor medida una parte del apoyo europeo. Según la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz Santamaría, el objetivo es poder sacar al mercado nuevamente esos activos "a precios razonables".
Sáenz de Santamaría dice que la reforma financiera es "una necesidad nacional"
La vicepresidenta ha asegurado que esta tercera reforma financiera que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros culmina la reestructuración del sector y se hace con un objetivo "básico y fundamental: que no cueste ni un euro al contribuyente". "Este gobierno ha diseñado con la voluntad de que sea una norma completa y dé solución a las crisis bancarias y que se anticipa a la adaptación de nuestro derecho a directivas comunitarias que podrían haber sido transpuestas con posterioridad", ha declarado Sáenz Santamaría. "Hoy se culmina una reforma de primer orden, que en estos momentos también es de necesidad nacional", ha dicho.
La reforma fija también un coeficiente de capital de al menos el 9% para la banca y establece nuevas normas para la comercialización de las participaciones preferentes, un instrumento financiero usado por la banca para captar capital pero que ha dejado atrapados a miles de inversores con unos activos virtualmente ilíquidos.
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