El Ayuntamiento de Castellar de la Frontera presentó el viernes un recurso ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo para solicitar la suspensión cautelar de la subasta pública de la finca Marajambú, en la que el Consistorio busca promover un modelo agroecológico basado en el modelo de soberanía alimentaria que busca que el 90% de la riqueza que se produzca en el campo para el agricultor y el 10% para las empresas que gestionen la producción agrícola.
Los portavoces de los tres grupos municipales que componen la Corporación municipal -encabezados por el alcalde, Juan Casanova (IU), Pilar Lobato (PP) y Francisco Vaca (PSOE)-, unidos en bloque por la causa, expusieron ayer en rueda de prensa que justifican el recurso en la falta de legitimidad para que un Gobierno autonómico en funciones apruebe la resolución para sacar a subasta la finca el día después de las elecciones, el 26 de marzo.
Además, los portavoces tampoco creen legítimo que se subaste de esa manera un monte público de especial protección, catalogado así por la misma Junta de Andalucía que ahora subasta los terrenos. Defienden también en dicho recurso que el convenio de cesión al Ayuntamiento en 2007 continúa en vigor y que, por tanto, la subasta debe suspenderse hasta que se conozca qué ocurre con ese documento.
"Vemos que existe un riesgo real de que ya que fue una finca que se expropió al ducado Medinaceli con fines agrícolas y ganaderos, si eso no se hace así, el ducado puede pedir la reversión, la Junta perder los 3 millones que pide para hacer caja y el Ayuntamiento esa finca para desarrollar el proyecto de soberanía alimentaria que hemos puesto sobre la mesa", declaró el alcalde.
"Pedimos a Griñán y a Valderas que no nos tomen por ilusos, que sólo con un decreto pueden paralizar la subasta", declaró la concejal Pilar Lobato. "El único objetivo es que se paralice la subasta y que la Junta y el Ayuntamiento se sienten y negocien para la cesión de la finca, si puede ser a 500 años, mejor. Primero los vecinos y luego el partido", declaró el edil Francisco Vaca.
leido en EuropaSur.
Los portavoces de los tres grupos municipales que componen la Corporación municipal -encabezados por el alcalde, Juan Casanova (IU), Pilar Lobato (PP) y Francisco Vaca (PSOE)-, unidos en bloque por la causa, expusieron ayer en rueda de prensa que justifican el recurso en la falta de legitimidad para que un Gobierno autonómico en funciones apruebe la resolución para sacar a subasta la finca el día después de las elecciones, el 26 de marzo.
Además, los portavoces tampoco creen legítimo que se subaste de esa manera un monte público de especial protección, catalogado así por la misma Junta de Andalucía que ahora subasta los terrenos. Defienden también en dicho recurso que el convenio de cesión al Ayuntamiento en 2007 continúa en vigor y que, por tanto, la subasta debe suspenderse hasta que se conozca qué ocurre con ese documento.
"Vemos que existe un riesgo real de que ya que fue una finca que se expropió al ducado Medinaceli con fines agrícolas y ganaderos, si eso no se hace así, el ducado puede pedir la reversión, la Junta perder los 3 millones que pide para hacer caja y el Ayuntamiento esa finca para desarrollar el proyecto de soberanía alimentaria que hemos puesto sobre la mesa", declaró el alcalde.
"Pedimos a Griñán y a Valderas que no nos tomen por ilusos, que sólo con un decreto pueden paralizar la subasta", declaró la concejal Pilar Lobato. "El único objetivo es que se paralice la subasta y que la Junta y el Ayuntamiento se sienten y negocien para la cesión de la finca, si puede ser a 500 años, mejor. Primero los vecinos y luego el partido", declaró el edil Francisco Vaca.
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