Desde
el pasado mes de julio, en nuestra zona rural se vive bajo una
amenaza que puede repercutir de manera considerable al futuro de
nuestros pueblos. La puesta en venta de la finca pública de La
Almoraima por parte del ministerio comandado por Miguel Arias Cañete
es algo a lo que entre todos y todas debemos decir que no.
Pero
no basta con decir que no, hay que implicarse en la causa y luchar
hasta el conseguir que esta finca con estos parajes sin igual y con
una infinidad de recursos que bien aprovechados mediante la
autogestión y el cooperativismo asociado, sea el motor que
reactive nuestra economía rural.
El
gobierno de la Junta de Andalucía no puede esperar más, y debe
solicitar al gobierno central las competencias de estas tierras,
además de incluirlas dentro del banco de tierra andaluz. Nuestro
futuro depende de ello, y es el pueblo quien tiene la obligación de
salir a la calle si es que de verdad queremos abandonar toda la
miseria esta que nos circunda, herencia gracias a las políticas que
de siempre estuvieron del lado del monopolizador de recursos y
economía.
Como
muchas personas que también lo hicieron, yo nací, al igual me crie
aquí, más vimos como de siempre nuestros antepasados vivieron y
como hoy en día se sigue viviendo de lo que dan nuestros montes.
Tenemos la fortuna de que solo con alzar la mirada, tenemos a la
vista uno de los bosques más extensos de Europa con casi 2.000 km2 y
de una riqueza forestal y de especies animales incomparable, y si de
verdad tanto decimos que queremos nuestra tierra, pues por la tierra
hay que luchar, y más cuando parte de ella y siendo pública además,
se ve amenazada como lo está, y ojalá que no lo sea en futura manos
de un terrateniente.
En
este escrito, el cual lo hago a título personal y no en
representación del SAT-Jimena-Campo de Gibraltar, pido una apuesta
en común y no solo en defensa de La Almoraima, si no de la
integridad del Parque Natural de los Alcornocales y en especial de
toda tierra pública dada en él. ¿Y por qué en especial la tierra
pública?, pues considero que son los propios ayuntamientos que
ocupan parte de este parque natural, los que tienen que solicitar
subvenciones para la construcción de plantas de transformación, una
industria donde se manufacture para empezar la materia saliente de
las fincas públicas, a través siempre del cooperativismo asociado,
puesto que si la tierra es pública, pública debe ser la
transformación de sus recursos, y nada, nada de capital privado.
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