La leyes siempre hechas e interpretadas para machacar a los más débiles. Esto es capitalismo.
El Tribunal Constitucional ha suspendido la aplicación del decreto que regula el acceso a la asistencia sanitaria pública de los inmigrantes en situación irregular en Navarra. En concreto, el decreto que recoge las condiciones para su atención.
En agosto del año pasado el Gobierno navarro anunciaba su "compromiso" para garantizar a los inmigrantes irregulares la atención sanitaria pública habilitando ayudas para cubrir el coste de la asistencia de quienes acreditaran no poder pagarla. Se les exigía una serie de requisitos: no ganar más de 532 euros, estar más de un año empadronados y no tener antecedentes penales.
De este modo, se garantizaba la asistencia sanitaria en todo tipo de centros y especialidades, la prestación farmacéutica o el transporte sanitario a personas inmigrantes en situación irregular que habían quedado excluidas de la cobertura integral del Sistema Nacional de Salud.
El Gobierno de Navarra dispone de un plazo de 20 días para presentar las alegaciones correspondientes. Concretamente, tiene previsto argumentar que el decreto 117/2012 entra dentro de las competencias de autogobierno de la Comunidad Foral. De hecho, el Decreto se limita a modificar algunos elementos de un Decreto de 1996 sobre universalización de la atención sanitaria, lo cual viene a demostrar que Navarra ya venía regulando esta cuestión desde esa fecha.
Además, entiende que el Decreto no contraviene las competencias de la Administración del Estado sobre el derecho de acceso al Sistema Nacional de Salud, dado que la asistencia que se regula se limita al territorio foral y no aporta ningún derecho a la atención en ninguna otra comunidad autónoma.
Finalmente, argumentará que el modelo de atención aplicado en la Comunidad foral se enmarca dentro de la propia normativa del Estado fijada en el Decreto Ley 16/2012, en el que se posibilita la atención sanitaria a personas excluidas del sistema mediante la aplicación de determinados convenios y la aportación de cuotas.
Junto con estas argumentaciones, el Gobierno navarro solicitará el levantamiento de la suspensión. La Comunidad espera que el Tribunal Constitucional adopte la decisión al igual que ha ocurrido con un decreto similar del País Vasco.
La suspensión de este último decreto supone la aplicación del Decreto Foral 640/1996 original, lo que supone la asistencia al régimen de universalización en las condiciones anteriores. Es decir, demostrando el año de residencia (sin excepciones), sin posibilidad de fraccionar el pago y con las cuantías de antes.
La abolición del decreto no afecta a la Orden Foral de subvenciones de Políticas Sociales. Así, se seguirán concediendo subvenciones aunque, de acuerdo con la aplicación del antiguo DF 640/1996, la cuantía de la ayuda será menor.
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