"Iberdrola me debe 214.925 euros".

Sotero Fernández fue expropiado de su casa en 1963. El Estado decidió construir un embalse sobre la localidad de Valedacañas de Tajo (Cáceres) y expulsó de sus casas y tierras a todos los vecinos a cambio de la indemnización correspondiente, el llamado justiprecio. En el caso de Sotero, esta indemnización ascendía a 1.041.325 pesetas, según certificó el notario. No obstante, Hidroeléctrica Española (actual Iberdrola) tan sólo le abonó 314.902 pesetas dejándole a deber 726.423. A día de hoy, 50 años después de la expropiación, Sotero no ha recibido el dinero que se le adeuda y sus reclamaciones, que no han cesado en todo este tiempo, chocan con el muro de Iberdrola, que debe de facilitar el expediente original para que Sotero acuda a los tribunales. La deuda trasladada a euros y sumando el IPC y el interés de morosidad alcanzaría la cifra de 214.925 euros.

“Me temo que están esperando a que me muera. Yo lo único que pido es solucionar esto antes de morir. Esas tierras eran de mis antepasados y yo quiero lo que es mío y de ellos”, asegura a Público Sotero Fernández, quien considera que ha sido víctima de una estafa premeditada.

 

La lucha de Sotero, de 84 años, es casi un proyecto de vida. En los últimos 50 años no ha dejado de reclamar lo que es suyo “y de sus antepasados”. La clave: debe recuperar el expediente íntegro de expropiación que guarda Iberdrola bajo mandato del Estado para poder presentar una demanda judicial con garantías. Con este propósito, Sotero escribió cartas de reclamación a Francisco Franco, primero, y a prácticamente a todos los gobiernos de la democracia, después, para reclamar el dinero que se le adeuda. 

"Me temo que me están ignorando esperando a que me muera para no pagarme"

La Administración franquista le contestó en 1966, tres años después de la expropiación asegurando que el “importe total del valor de sus propiedades no puede ser abonado hasta que haya recaído acuerdo firme del jurado provincial de expropiación forzosa”. Este procedimiento, según sospecha el abogado, nunca se celebró y Sotero nunca más tuvo noticias de la Administración del Estado ni de Iberdrola sobre cuando sería satisfecha la deuda contraída con él. 

A partir de ese momento, en 1966, nadie más le ha vuelto a dar una pista sobre su dinero. Sus cartas a los diferentes gobiernos giraron y giraron y cada vez se le remitía a un Ministerio diferente o una nueva dirección general, según las remodelaciones de cada legislatura. 

Finalmente, en 2011 Sotero encontró la vía de reclamación. Debía escribir a la Confederación Hidrográfica del Tajo para que esta solicitara a Iberdrola la entrega del expediente original. La solicitud se realizó en enero de 2012. Tras el silencio de la compañía, la Confederación Hidográfica volvió a insistir. Tras dos intentos y un año transcurrido, Iberdrola asegura a Sotero que su solicitud está siendo estudiada por los servicios jurídicos, pero no entrega el expediente. 

Iberdrola asegura que no ha encontrado ninguna irregularidad en su expediente Iberdrola, contactada por este medio, asegura que sus servicios jurídicos han revisado el expediente y que “no se ha encontrado ninguna irregularidad en el mismo”. “En cualquier caso, cabe recordar que es un asunto de hace 50 años”, aseguran fuentes de la compañía a este diario.

Cuatro indemnizaciones pendientes

Concretamente, Sotero Fernández reclama a Iberdrola cuatro indemnizaciones pedientes: la indemnización por haber sido expropiado (69.572) pesetas), la de las fincas rústicas que poseía (364.819), la finca urbana (109.134) y el de su pequeño negocio (497.800). En total, según certificó un notario en 1963 tendría que haber recibido una indemnización de 1.041.325 pesetas. No obstante, a Sotero solo le fue satisfecho un total de 314.902 pesetas. El resto le sería abonado tras la resolución del juicio, que nunca llegó.  

Para el abogado de Sotero, José Antonio Millán, la situación que está viviendo su cliente, Sotero, es de doble abuso. Por un lado, la compañía no hace frente a la deuda contraída con el hombre por la expropiación de sus terrenos y, por otro, se niega a facilitar el expediente original de expropiación. 

Asimismo, Millán cree que la realidad de Sotero debe ser habitual para cientos de familias que fueron expropiadas durante el franquismo para la construcción de embalses y pantanos. Por ello, intenta promover una plataforma de afectados que puedan denunciar de manera conjunta y evitar los altos costes de costas que supondrían plantear una denuncia a título individual. “El derecho a que se haga justicia con Sotero podría llevarlo a perder todo lo que tiene si le toca pagar las costas del juicio”, sentencia el abogado.