La coalición electoral vasca Amaiur quiere que el Gobierno le dé cuenta de los periodos de cumplimiento de las penas impuestas a los responsables del secuestro de Segundo Marey y del asesinato de lJosé Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, hechos sucedidos en 1983 y cometidos por los GAL, y si llegaron a indemnizar a las víctimas y reconocieron el daño causado.
El diputado de Amaiur Sabino Cuadra, procedente del sindicato abertzale LAB, ha registrado una pregunta en el Congreso en la que pide saber cuáles fueron las penas impuestas a todos y cada uno de los condenados y cuál fue su periodo de cumplimiento efectivo de las penas de reclusión, el tiempo que pasaron en libertad condicional y en tercer grado penitenciario.
Además, reclama datos sobre las cantidades "efectivamente abonadas" en concepto de indemnización a las víctimas, tanto a Segundo Marey como a los herederos de Lasa y Zabala, y si hay constancia de que los condenados han llegado a "reconocer expresamente el daño causado en los delitos cometidos" y, en caso afirmativo, "con qué fórmula textual".
En las últimas semanas Amaiur viene reclamando al Gobierno que se siente a hablar con ETA "de una vez por todas" de cuestiones derivadas del fin de la violencia como el desarme o la situación de los presos de ETA, como acaba de manifestar este martes el portavoz de la coalición en el Congreso, Xabier Mikel Errekondo.
Frente a ello, desde el Gobierno se apuesta por la disolución de ETA y se condiciona el tratamiento penitenciario de los reclusos al desmarque de la violencia, el arrepentimiento y la petición de perdón, entre otros requisitos.
El principal implicado en el caso 'Lasa y Zabala' -el primer acto terrorista cometido por los GAL- ya no se encuentra en prisión. Enrique Rodríguez Galindo, exgeneral de la Guardia Civil destinado en Intxaurrondo, fue condenado a 71 años de cárcel por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala, pena que fue elevada en cuatro años más por el Tribunal Supremo. Galindo, que en la actualidad cuenta con 73 años, ingresó en prisión el 9 de mayo de 2000 pero, cuatro años después, fue excarcelado aduciendo problemas de salud.
Con él fueron condenados Ángel Vaquero, que era teniente coronel del cuartel de Intxaurrondo en San Sebastián, y Julen Elgorriaga, que era el gobernador civil de Guipúzcoa en esos años.
En cuanto al secuestro de Segundo Marey, los principales condenados tampoco están en la cárcel: el entonces ministro del Interior José Barrionuevo y su ex secretario de Estado Rafael Vera. Ambos fueron condenados a 10 años de cárcel en 1998 pero sólo permanecieron tres meses en prisión, de septiembre a diciembre de ese año, cuando el Gobierno de José María Aznar les concedió el indulto parcial a todos los implicados, salvo a los funcionarios policiales José Amedo y Michel Domínguez. Barrionuevo está en libertad definitiva desde 2004.
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