Corrupción para dar beneficios privados a costa de deuda pública
Público.es
Ecologistas en Acción expone los motivos por los que se suma a la querella de IU contra cargos del PP y responsables de constructoras que aparecían como donantes del partido en la contabilidad B del extesorero, a veces abonando sus 'donativos' sólo 24 horas después de que apareciese en el BOE la adjudicación que les lucraba.La publicación de los papeles de Bárcenas ha puesto sobre la mesa una estrecha relación entre concesiones de obras y servicios públicos, y varias empresas de construcción que hacían donativos al Partido Popular incluso sólo 24 horas después de se publicase en el BOE alguna de estas lucrativas adjudicaciones.
Ante estas evidencias, el pasado jueves Izquierda Unida presentó ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra los extesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y también contra varios ministros del anterior Gobierno del PP, como Federico Trillo, Rodrigo Rato o Ángel Acebes, además del expolítico conservador y empresario Pablo Crespo, implicado en la trama Gürtel, por haber supuestamente cometido varios presuntos delitos derivados de los pagos de empresas que aparecen en la contabilidad B de Bárcenas.
El PP ya anunció el mismo jueves que emprendería una acción judicial en defensa de su honor y contra las "graves acusaciones" que se imputan a los miembros de su partido. Sin embargo, la querella de IU no iba dirigida sólo a cargos públicos, sino que también se extendía a los presidentes y expresidentes de ocho constructoras que aparecen como presuntos donantes en los famosos cuadernos de contabilidad paralela de Bárcenas. La querella también estaba apoyada por otras organizaciones como Ecologistas en Acción, la Asociación Justicia y Sociedad, y la Asociación Libre de Abogados.
Estas organizaciones denuncian que el resultado de las incontestables conexiones entre las anotaciones de donaciones al PP y las adjudicaciones de obras públicas a las empresas donantes no ha sido otro que el aumento desproporcionado de la deuda pública de España en aras de disfrutar de una serie de instalaciones e infraestructuras que apenas se utilizan y por las que gobiernos autonómicos han hipotecado los derechos sociales de su población en beneficio de estas empresas concesionarias.
Así lo denuncia uno de los querellantes, Ecologistas en Acción, que se ha sumado a la acción judicial por el resultado de esta íntima relación entre poder político, donativos suculentos de constructoras y aumento insostenible de la deuda pública. "La mayor parte de los pagos supuestamente ilícitos que aparecen en los papeles de Bárcenas presumiblemente se tradujeron luego en licitaciones de grandes e insostenibles obras de infraestructura que ahora debemos pagar incrementando de forma abrumadora la deuda pública", critican los ecologistas.
Megaproyectos y crecimiento no siempre van a de la manoSegún denuncian, el pretexto de estos megaproyectos siempre ha sido que van de la mano del desarrollo económico. Sin embargo, y a pesar de que "España es el país europeo con más kilómetros de autovías y de autopistas, con más kilómetros de alta velocidad y con más aeropuertos sin servicio de Europa", "también somos récord en problemas económicos y en desempleo", apunta la organización, que lleva varios años informando de este "despilfarro" con datos contrastados. Ejemplo de ello es el informe titulado "Infraestructuras de transporte y crisis: Mitos y realidades" , publicado en 2011 y en el que los ecologistas advertían de que el país se estaba precipitando en un "situación de desmesura en la dotación de infraestructuras de transporte, muy difícil de entender desde una óptica racional".
"Llevamos años denunciando el despilfarro en infraestructuras insostenibles, con muchos datos y cálculos económicos contrastados. Los papeles de Bárcenas apuntan ahora a las razones de esas concesiones públicas, que no son más que el enriquecimiento de las constructoras a cambio de donativos que la cúpula del PP se repartía en sobres".
La confederación ecologista pone sobre la mesa varios casos de inversiones ruinosas para el erario público y destructivas para el territorio y el medio ambiente centradas en infraestructuras de transporte y construidas por algunos de los nombres que aparecen en los papeles de los supuestos donativos que Luis Bárcenas recopilaba.
Uno de ellos es la autopista AP-41 de Madrid-Toledo, una de las 13 radiales que circunvalan la capital. "Se trata de una autopista que tiene el 11% del tráfico previsto. Costó 440 millones de euros y no sólo es deficitaria --al igual que otras cinco de estas carreteras--, sino que la concesionaria, que pertenece al grupo Sando (cuyo presidente, José Luis Sánchez, es uno de los querellados) ha demandado a Fomento y el Tribunal Supremo le ha dado la razón, por incumplimiento contractual, de modo que el Estado deberá compensarla con 320 millones".
Algo parecido ocurre con el Metro ligero de Madrid, cuya construcción costó a los madrileños 585 millones de euros, que se embolsó la constructora OHL, cuyo expresidente, Juan Miguel Villar Mir, también aparece en la citada querella. Esta instalación sirve para que una ínfima población de la capital se desplace por el oeste de la ciudad suponiendo un coste para la Comunidad de Madrid de 5 euros por viajero, cuando el coste en toda la red de Metro es de 1,7 euros. "Además, si la demanda de viajeros queda por debajo del 68% de la prevista en el contrato, la Comunidad de Madrid también debe compensar a la concesionaria. Un negocio redondo", denuncian.
La construcción del AVE también ha repartido pingües contratas a compañías contra las que también se ha presentado querella, como Hispánica o Aldesa. La inversión del Ministerio de Fomento por cada kilómetro de vía es cercana a 30 millones de euros, según cifra esta organización a partir de datos del propio Ministerio de Fomento. La Comisión Europea advierte de que la demanda mínima recomendable para este tipo de inversión son nueve millones de pasajeros, pero este volumen no es superado ni siquiera por la línea Madrid-Barcelona.
Aún así, critican desde la plataforma, "Fomento prevé gastar 8.500 millones de euros en llevar el AVE a Galicia, cuando un estudio encargado por el propio ministerio concluye que no hay demanda más que para tres trenes diarios por sentido. Y estas inversiones se acometen al mismo tiempo que se aplican unos draconianos recortes en partidas básicas para el bienestar de la ciudadanía".
Ecologistas en Acción considera que la mayor parte los 40.000 millones acumulados en deuda entre Fomento, Adif, Aena y otras empresas públicas "no tienen justificación desde el punto de vista del transporte ni del interés social, pero sí de los turbios intereses que se pretenden desvelar con esta querella".
Ante estas evidencias, el pasado jueves Izquierda Unida presentó ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra los extesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y también contra varios ministros del anterior Gobierno del PP, como Federico Trillo, Rodrigo Rato o Ángel Acebes, además del expolítico conservador y empresario Pablo Crespo, implicado en la trama Gürtel, por haber supuestamente cometido varios presuntos delitos derivados de los pagos de empresas que aparecen en la contabilidad B de Bárcenas.
El PP ya anunció el mismo jueves que emprendería una acción judicial en defensa de su honor y contra las "graves acusaciones" que se imputan a los miembros de su partido. Sin embargo, la querella de IU no iba dirigida sólo a cargos públicos, sino que también se extendía a los presidentes y expresidentes de ocho constructoras que aparecen como presuntos donantes en los famosos cuadernos de contabilidad paralela de Bárcenas. La querella también estaba apoyada por otras organizaciones como Ecologistas en Acción, la Asociación Justicia y Sociedad, y la Asociación Libre de Abogados.
Estas organizaciones denuncian que el resultado de las incontestables conexiones entre las anotaciones de donaciones al PP y las adjudicaciones de obras públicas a las empresas donantes no ha sido otro que el aumento desproporcionado de la deuda pública de España en aras de disfrutar de una serie de instalaciones e infraestructuras que apenas se utilizan y por las que gobiernos autonómicos han hipotecado los derechos sociales de su población en beneficio de estas empresas concesionarias.
Así lo denuncia uno de los querellantes, Ecologistas en Acción, que se ha sumado a la acción judicial por el resultado de esta íntima relación entre poder político, donativos suculentos de constructoras y aumento insostenible de la deuda pública. "La mayor parte de los pagos supuestamente ilícitos que aparecen en los papeles de Bárcenas presumiblemente se tradujeron luego en licitaciones de grandes e insostenibles obras de infraestructura que ahora debemos pagar incrementando de forma abrumadora la deuda pública", critican los ecologistas.
Megaproyectos y crecimiento no siempre van a de la manoSegún denuncian, el pretexto de estos megaproyectos siempre ha sido que van de la mano del desarrollo económico. Sin embargo, y a pesar de que "España es el país europeo con más kilómetros de autovías y de autopistas, con más kilómetros de alta velocidad y con más aeropuertos sin servicio de Europa", "también somos récord en problemas económicos y en desempleo", apunta la organización, que lleva varios años informando de este "despilfarro" con datos contrastados. Ejemplo de ello es el informe titulado "Infraestructuras de transporte y crisis: Mitos y realidades" , publicado en 2011 y en el que los ecologistas advertían de que el país se estaba precipitando en un "situación de desmesura en la dotación de infraestructuras de transporte, muy difícil de entender desde una óptica racional".
"Llevamos años denunciando el despilfarro en infraestructuras insostenibles, con muchos datos y cálculos económicos contrastados. Los papeles de Bárcenas apuntan ahora a las razones de esas concesiones públicas, que no son más que el enriquecimiento de las constructoras a cambio de donativos que la cúpula del PP se repartía en sobres".
La confederación ecologista pone sobre la mesa varios casos de inversiones ruinosas para el erario público y destructivas para el territorio y el medio ambiente centradas en infraestructuras de transporte y construidas por algunos de los nombres que aparecen en los papeles de los supuestos donativos que Luis Bárcenas recopilaba.
Uno de ellos es la autopista AP-41 de Madrid-Toledo, una de las 13 radiales que circunvalan la capital. "Se trata de una autopista que tiene el 11% del tráfico previsto. Costó 440 millones de euros y no sólo es deficitaria --al igual que otras cinco de estas carreteras--, sino que la concesionaria, que pertenece al grupo Sando (cuyo presidente, José Luis Sánchez, es uno de los querellados) ha demandado a Fomento y el Tribunal Supremo le ha dado la razón, por incumplimiento contractual, de modo que el Estado deberá compensarla con 320 millones".
Algo parecido ocurre con el Metro ligero de Madrid, cuya construcción costó a los madrileños 585 millones de euros, que se embolsó la constructora OHL, cuyo expresidente, Juan Miguel Villar Mir, también aparece en la citada querella. Esta instalación sirve para que una ínfima población de la capital se desplace por el oeste de la ciudad suponiendo un coste para la Comunidad de Madrid de 5 euros por viajero, cuando el coste en toda la red de Metro es de 1,7 euros. "Además, si la demanda de viajeros queda por debajo del 68% de la prevista en el contrato, la Comunidad de Madrid también debe compensar a la concesionaria. Un negocio redondo", denuncian.
La construcción del AVE también ha repartido pingües contratas a compañías contra las que también se ha presentado querella, como Hispánica o Aldesa. La inversión del Ministerio de Fomento por cada kilómetro de vía es cercana a 30 millones de euros, según cifra esta organización a partir de datos del propio Ministerio de Fomento. La Comisión Europea advierte de que la demanda mínima recomendable para este tipo de inversión son nueve millones de pasajeros, pero este volumen no es superado ni siquiera por la línea Madrid-Barcelona.
Aún así, critican desde la plataforma, "Fomento prevé gastar 8.500 millones de euros en llevar el AVE a Galicia, cuando un estudio encargado por el propio ministerio concluye que no hay demanda más que para tres trenes diarios por sentido. Y estas inversiones se acometen al mismo tiempo que se aplican unos draconianos recortes en partidas básicas para el bienestar de la ciudadanía".
Ecologistas en Acción considera que la mayor parte los 40.000 millones acumulados en deuda entre Fomento, Adif, Aena y otras empresas públicas "no tienen justificación desde el punto de vista del transporte ni del interés social, pero sí de los turbios intereses que se pretenden desvelar con esta querella".
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