“No se privatiza la sanidad para ahorrar, sino por ideología”.

José Luis Quintana (Madrid, 1961), médico de familia y director del centro de salud El Greco de Getafe (Madrid), lleva semanas de movilizaciones contra el plan con el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Ignacio González, pretende privatizar la gestión de 27 ambulatorios y seis hospitales. Una marea blanca de manifestaciones, encierros y huelgas que ha llevado a aplazar 30.000 consultas. Pero su empeño aún no ha dado frutos. El jueves, Madrid aprobó la primera parte de su plan, a lo que los sanitarios contestaron con una medida de presión inédita: la dimisión de los equipos directivos de 125 centros —uno de ellos el de Quintana—, si la privatización se hace efectiva. Los profesionales perderían entre 200 y 300 euros al mes.

Liquidación de la Sanidad Pública: los enfermos crónicos pagarán por el transporte.

Los pacientes crónicos pagarán, dependiendo se su renta, 20, 40 ó 120 euros al año por el transporte no urgente, según el borrador de la orden del Gobierno por la que se define la aportación reducida de la cartera común suplementaria en referencia al transporte del Sistema Nacional de Salud (SNS), y que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad discutirá con las comunidades autónomas para su aprobación el próximo 20 de diciembre en el próximo Consejo Interterritorial.

El borrador destaca que en estos enfermos aportación máxima será con carácter semestral en lugar de mensual. Se entiende como beneficiarios a aquellos en los que se prevean traslados periódicos por un periodo superior a 6 meses, con una frecuencia de, al menos, cuatro traslados semanales o dos servicios de ida y vuelta.