“Tomadura de pelo”, “martirio chino”, “simulacro de negociación”. De esta manera, describieron ayer los representantes de
CSIF,
UGT y
CC OO la reunión que mantuvieron de apenas una hora con la Junta de Andalucía en la Mesa General de la Función Pública para abordar el recorte salarial de 777 millones de euros en el Presupuesto autonómico en vigor. La reunión acabó sin ningún avance. Los sindicatos se levantaron de la Mesa. Desde el Gobierno andaluz se lanzó el mensaje de que las negociaciones van por buen camino, pero la opinión de los sindicatos es que la posición de la Junta es bastante inflexible.
El Gobierno andaluz pretende una especie de cuadratura del círculo. Que los algo más de 260.000 empleados públicos de la Administración autonómica, y sus representantes sindicales, acepten de buena gana un
recorte de salario de 777 millones de euros. Es la alternativa, dicen, para evitar el despido de 24.000 personas. Insiste el Ejecutivo que se trata de una medida impuesta por el Gobierno de Madrid, que a su vez acata la orden de Bruselas de atajar el déficit. El Gobierno andaluz se ha comprometido, y así ha sido aprobado en el
último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a rebajar el Presupuesto en vigor en 2.700 millones de euros. Casi el 30% de este recorte se obtiene de la rebaja salarial por tres vías: quitar los complementos a la paga extra de junio y diciembre (315 millones), reducir la jornada y el sueldo de los interinos un 15% (148 millones); y eliminar planes de pensiones, ayuda social o gratificaciones de jubilación (136 millones).
